Únicamente la Contraloría y la Corte Suprema salvan el honor de nuestra nación

0
109

La institucionalidad en lo que concierne a temas de vivienda, urbanismo y medio ambiente, los cuales conocemos profundamente, no hay duda alguna que está al debe, dejando en claro que no se está intentado opinar acerca de los otros sectores de la economía nacionales.

Y es que, en efecto, durante este gobierno la situación de descomposición, la cual ya se podía observar en administraciones previas, ha llegado a niveles inimaginables.

En primera instancia, una de las principales muestras de lo mal que estamos fue la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía, cuya finalidad es la de facilitar la aprobación de ciertos proyectos que el gobierno cree importantes para el desarrollo económico.

Por medio de la prensa se hizo público que, esa oficina, intervino en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para liberar proyectos, lo que en líneas generales significa “mirar para el lado” a la hora de revisar si ciertos proyectos de inversión cumplen la ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente.

Respetar esa ley conlleva a una menor rentabilidad producto de los aportes económicos requeridos para mitigar los impactos negativos que esos proyectos generan y, por consiguiente, incumplirla mejora las ganancias de los mismos.

En territorio chileno, los que ejercen el poder político, por lo menos los actuales, tienen un pleno convencimiento de que el cuidado del medio ambiente es menos importante que el crecimiento económico, motivo por el cual esa incómoda ley se cumple “en la medida de lo posible”, citando al presidente Aylwin.

En el contexto urbanístico, la situación es de igual forma lamentable. Las autoridades de turno presentan un comportamiento orientado de forma manifiesta en simplificar la ejecución de proyectos sin importar que menoscaben las normas aplicables y cuando la Contraloría General de la República, de ahora en adelante la Contraloría, se pronuncia dejando en evidencia los errores garrafales de esas autoridades, se sigue incumpliendo la ley, aunque que sus dictámenes en el papel son imperativos para la administración del Estado.

Esto se genera ya que el ente fiscalizador carece de herramientas coercitivas para exigir el apego a las disposiciones legales.

En vista de que siempre se intenta respaldar lo que se dice acá, en los próximos párrafos entregaremos algunos ejemplos de dichas malas prácticas.

Primeramente, podemos hacer mención a un nuevo episodio de la teleserie denominada “Chaguay”, tema que ya se ha tratado con anterioridad. Este es un proyecto habitacional que aspira a desarrollarse, vía parcelaciones de lujo, en el Área de Preservación Ecológica de la comuna de Lo Barnechea, región metropolitana de Santiago.

Tal negocio es tan lucrativo que su titular sigue intentando desarrollarlo pese a que la Contraloría estableció que, la Dirección de Obras Municipales (DOM), no puede entregar permisos de edificación para viviendas en esta parcelas, puesto que los usos de suelo permitidos en esos terrenos rurales son los estipulados en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

El instrumento normativo PRMS establece que, en esas áreas protegidas por el Estado, antes Estudio de Impacto Ambiental, exclusivamente se admite la edificación de construcciones con destino científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación, sólo que, en ningún caso, viviendas de cualquier clase.

Por tal motivo, es normal que los lectores se pregunten por qué el dueño del proyecto insiste en desarrollarlo si no cumple la normativa territorial. Fácil, porque él busca, con el trascendental aporte de sus lobbystas, una valiosa plusvalía habida cuenta que el amplio terreno se compró muy barato precisamente por la restricción del uso de suelo.

La responsabilidad de detener el proyecto ilegal es de la municipalidad de la comuna de Lo Barnechea y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de nuestra región. Si bien el alcalde Cristóbal Lira hizo su trabajo y paralizó las obras, el avispado inversionista reclamó en esa seremi y demostrativo de que con buenos contactos en el Ejecutivo todo es factible, dado que la fundación Defendamos la Ciudad solicitó formar parte en ese reclamo, sólo que esa autoridad lo impidió sin razón legal aparente.

En consecuencia, se vieron en aumento los antecedentes ante la Contraloría, la que en su reciente dictamen N° E131639/2021 lo obligó a enmarcarse en la ley.

¿Por qué la Seremi de Vivienda y Urbanismo restringió, a fin de cuentas sin resultados, la participación ciudadana de tal fundación? Por la simple razón de que había que allanar el camino para que ese proyecto inmobiliario se lleve a cabo sin problema alguno.

Se podría justificar el error cometido por el seremi, Manuel José Errázuriz, si él hubiera sido arquitecto, profesionales que, generalmente, se manejan muy mal en la aplicación de las leyes, debido a que ello no se les enseña en las universidades, pero es inaceptable que lo cometiera él que es un refinado abogado. Más de alguien, aunado a este columnista, podría llegar a la conclusión que él recibió insensatas indicaciones del ministro, también abogado, Felipe Ward, personaje que igualmente es promotor del crecimiento económico a todo evento.

A pesar de que todos sabemos que la participación de los ciudadanos en los procedimientos administrativos se encuentra garantizado por ley, si las autoridades no se rigen por ella, por lo que llegamos a situaciones tan vergonzosas como la mencionada y, hasta ahora, ningún respetable parlamentario se ha interesado al respecto, aunque disponen atribuciones fiscalizadoras.

El segundo ejemplo a tomar sería el del proyecto “Hospital Zona Norte”, contemplado en un terreno rural de la comuna de Colina. De hecho, ante las diversas denuncias de grupos ciudadanos interesados en que la localización del mismo sea la oportuna para atender a los enfermos, presentaron denuncias en la Contraloría, la que alertó a la mencionada seremi que era ilegal la modificación en curso del PRMS que busca factibilizar ese equipamiento intercomunal en el área no idónea ya que no es congruente con la Estrategia Regional de Desarrollo en vigencia.

¿Qué hizo la obstinada seremi? Prosiguió con dicha modificación territorial como si nada hubiese sucedido y por ello el caso volvió a la Contraloría.

El hospital es necesario en una zona urbana que cuente con acceso a transporte público, en vista de que no todos los usuarios y trabajadores del futuro hospital poseen un automóvil o dinero como para llegar a ese establecimiento sanitario como se imaginaron el ex ministro Mañalich y el ex Alcalde Olavarría, cuando en sueños veían su creación funcionando en un terreno agrícola (el cual le costó US$ 2 millones a la Corporación Municipal de Colina), justo al lado de la autopista Acceso Nororiente, una de las que tiene peaje más alto en todo Santiago.

Es importante destacar que, el tren Santiago Batuco, prontamente habilitará variadas opciones de localización para ese hospital en busca de potenciar los beneficios de ese ferrocarril suburbano dado que ese medio de transporte se encontrará conectado a tres líneas de Metro, propiciando así accesibilidad universal a los usuarios y trabajadores del nuevo hospital.

Un tercer ejemplo de las malas prácticas de este gobierno se vio en fechas recientes con un proyecto titulado como “Optimización e Independencia Operacional Planta Desaladora Ventanas” perteneciente a la empresa AES Gener, hoy día AES Andes, la que intentó fraccionar el proyecto que pretendía efectuarse en la bahía de Quintero, asunto que fue permitido por la autoridad ambiental de turno y frente a los indispensables reclamos ciudadanos tuvo que intervenir a fin de cuentas la Corte Suprema.

En una fortísima sentencia dejó por el suelo a esa autoridad sectorial, por no cumplir como es debido su única función y con ello seguir propiciando que se produzcan impactos ambientales en esa conocida área de sacrificio.

La Corte Suprema sentenció que el proyecto debe llevar a cabo a su vez un Estudio de Impacto Ambiental, ya que la simple Declaración de Impacto Ambiental que efectúo la empresa, la que es un simple trámite, no sirve en lo absoluto. Leyendo la prensa hemos sabido que la empresa se desistió de su proyecto.

Este es un ejemplo indicador de que, para esta clase de grandes empresas, cumplir la ley ambiental es solo un costo y por eso contratan asesores expertos en disminuir los gastos, pero con tan mala suerte para ellos puesto que, actualmente, la ciudadanía se encuentra mucho más alerta y con mayores conocimientos técnicos y legales.

Para finalizar, acerca de este tipo de situaciones, le recordamos a Sergio Muñoz, director de la PDI y a Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar que, con respecto a una asignación irregular de un inmueble fiscal en el borde costero de la ciudad jardín, respondan los oficios del 17/08/21 enviados a ellos por la Contraloría, a propósito de que fueron sus antecesores los responsables de ese episodio tan irregular.

Redacción Gossipchile con fuente en BioBioChile

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí