En el marco de las negociaciones salariales actuales, el Gobierno ha presentado su primera propuesta formal para el reajuste del sector público, ofreciendo un incremento del 3,5% nominal. Este porcentaje inicial, aunque representa un avance en el diálogo entre las partes, ha resultado ser inferior a las expectativas de los representantes de los trabajadores, quienes sostienen firmemente una postura de un aumento del 6,5%.
Las conversaciones, que buscan establecer un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos, han puesto de manifiesto la brecha entre las aspiraciones de los 16 gremios que componen la mesa del sector y la oferta gubernamental. Los gremios han unificado su voz, demandando no solo un reajuste salarial más significativo sino también mejoras en los aportes de bienestar y en el Bono de Término de Negociación. Asimismo, han reiterado su petición de un aumento en los ingresos mínimos y una expansión de la cobertura, además de un incremento en la línea de corte para el Bono Fiscal de Cargo Mensual para los trabajadores de menores ingresos.
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La propuesta gubernamental ha sido recibida con la promesa de un análisis detallado por parte de la mesa del sector público, la cual preparará una contrapropuesta. Esta situación se desarrolla en un contexto donde la propuesta actual no solo queda por debajo de las expectativas, sino también del Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado para noviembre de 2023, evidenciando así una desconexión con la realidad inflacionaria que podría afectar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.
El coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, ha expresado su intención de presentar una contrapropuesta en los próximos días, buscando un acercamiento en las posiciones y una respuesta más integral a las demandas presentadas. Además, se espera que el Gobierno también presente una nueva oferta, en un esfuerzo por alcanzar un consenso satisfactorio para ambas partes.
Las negociaciones, que continuarán este martes, son cruciales no solo para los trabajadores del sector público sino también para la administración gubernamental, que busca mantener la estabilidad laboral y la satisfacción de los empleados públicos. La disposición al diálogo ha sido bien valorada, pero la expectativa es que se traduzca en acciones concretas que reflejen un compromiso real con las necesidades y el bienestar de los trabajadores del sector público en Chile.
Redacción gossipchile con fuente Latercera
